El sistema de salud potosino condena a cientos de pacientes a una dolorosa espera. Lo que comenzó como una medida temporal por la pandemia se ha convertido en una negligencia prolongada que cuesta vidas y niega el derecho a una segunda oportunidad.
El pasado 26 de septiembre, mientras el país conmemoraba el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, en San Luis Potosí la celebración se tiñó de angustia. Pacientes renales protagonizaron una manifestación frente al Centro Estatal de Trasplantes, ubicado en la avenida en la Av. Scop 1050, en la Capital del Estado. El motivo era claro, directo y urgente: exigir la reapertura inmediata del programa de trasplantes renales en el Hospital Regional de Alta Especialidad «Dr. Ignacio Morones Prieto» (antes Hospital Central).
Desde mediados de 2020, este programa vital permanece suspendido, inicialmente bajo el argumento de la emergencia sanitaria. Es cierto que la pandemia obligó a la reestructuración de servicios en todo el país. Sin embargo, lo que se planteó como un aplazamiento temporal, se ha transformado en un abandono prolongado y sistemático que, hasta el día de hoy, sigue cobrando vidas y destrozando la esperanza de cientos de potosinos.
Entre la Máquina y la Negación
Para un paciente con insuficiencia renal avanzada (etapa 5), la hemodiálisis es, en el mejor de los casos, un frágil sostén. Este procedimiento, que sustituye temporalmente la función renal, exige sesiones extenuantes de tres a cuatro horas, dos o tres veces por semana. Más allá del desgaste físico y emocional —que incluye riesgos de infección, problemas cardiovasculares, anemia y depresión—, este tratamiento mantiene al paciente atado a una máquina, limitando drásticamente su vida social y laboral.
El trasplante renal, por el contrario, no es solo un tratamiento; es una segunda oportunidad de vida. Representa la posibilidad de dejar atrás las máquinas, recuperar la energía, reintegrarse plenamente al ámbito laboral y familiar, y ampliar significativamente la expectativa y la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce: la diferencia entre un paciente trasplantado y uno en hemodiálisis es abismal.
No obstante, en San Luis Potosí esa posibilidad está negada. Quienes desesperan buscan rutas alternas, debiendo trasladarse a otras ciudades y asumiendo costos altísimos por estudios, hospedaje, manutención y seguimiento. Esto ocurre en un contexto donde, por su propia condición, muchos pacientes ya no pueden generar ingresos y dependen enteramente de sus familias. La alternativa privada es, sencillamente, impensable: un trasplante ronda los 600 mil pesos, ya contando con el donante y habiendo realizado el protocolo respectivo.
La Crisis de la Precariedad
El problema se agrava al nivel de la atención más básica. Incluso los servicios esenciales de hemodiálisis, como los del Centro Estatal dependiente de la Secretaría de Salud, enfrentan carencias vergonzosas. La falta de insumos indispensables, como la solución salina, obliga a los pacientes a vivir con la angustia diaria de no saber si habrá material suficiente para recibir su tratamiento vital.
San Luis Potosí vive ya una crisis de salud pública. La creciente incidencia de diabetes y otras enfermedades crónicas está multiplicando los casos de insuficiencia renal. Los hospitales privados están saturados, e irónicamente, hoy hay pacientes que, por la urgencia, están dispuestos a pagar tarifas elevadas por sus tratamientos, pero simplemente no encuentran espacio.
La protesta del 26 de septiembre fue, por tanto, un rotundo grito de dignidad y desesperación. Fue un llamado directo y urgente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al coordinador del IMSS-Bienestar, al director del Hospital Regional de Alta Especialidad y a la Secretaría de Salud local para que asuman la responsabilidad de devolver la esperanza.
Por Isaac Ramos López
