Por Isaac Ramos
Hablar de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para quienes somos egresados siempre será un tema complejo. Solemos mirar a la institución desde la nostalgia, desde la universidad que conocimos cuando éramos estudiantes, olvidando que antes de nosotros hubo una historia y que después de nosotros seguirá otra.
Hoy esa historia se encuentra en un punto crítico. La universidad atraviesa un momento de gran conflicto, tras múltiples denuncias de abuso sexual, maltrato y violencia contra alumnas, incluyendo un presunto delito sexual ocurrido recientemente en la Facultad de Derecho. A ello se suma el enfrentamiento con el Gobierno del Estado, que se ha negado a transferir los recursos federales correspondientes. Una situación gravísima que pone en entredicho el respeto a la autonomía universitaria.
Hablar de la UASLP no puede hacerse sin reconocer su peso histórico. Sus orígenes se remontan al antiguo Colegio de la Compañía de Jesús (1623) y al posterior Instituto Científico y Literario (1859), antecedentes directos de la universidad que hoy conocemos. La idea de autonomía comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX y se consolidó jurídicamente en 1923, cuando el gobernador Rafael Nieto Compeán promovió ante el Congreso del Estado el Decreto 106, publicado el 9 de enero de ese año, que dio vida a la Universidad Autónoma del Estado.
Esa conquista se convirtió en la piedra angular de la identidad universitaria potosina. Sin embargo, no ha estado exenta de amenazas. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la época de influencia política de Gonzalo N. Santos, quien intentó condicionar o suprimir los recursos destinados a la universidad como una forma de control político. Ante ese intento de sometimiento, figuras universitarias como Manuel Nava Martínez encabezaron una férrea defensa de la autonomía, promoviendo la participación estudiantil y docente frente al autoritarismo estatal. Gracias a esa resistencia, la UASLP logró mantener su independencia académica y moral, aun en tiempos de cacicazgos y represión.
Y justamente esa autonomía vuelve hoy a ponerse a prueba. Hace unos días, la universidad fue tomada por estudiantes que, cansados de los abusos y de la indiferencia institucional, decidieron salir de las aulas para exigir respeto, seguridad y justicia para sus compañeras.
El problema de fondo es que los estudiantes no se sienten representados. Ni el rector, ni los directores de facultades, ni la Federación Universitaria Potosina (FUP), ni las sociedades de alumnos los representan verdaderamente. Lo que antes llamábamos “representación estudiantil” hoy no es más que una estructura política, viciada de origen. Quienes vivimos la vida universitaria sabemos cómo se formaban esas representaciones, quién las impulsaba, cómo se organizaban e incluso cómo se financiaban.
Por eso, este movimiento estudiantil no es menor. Es la voz de una generación que ya no tolera los viejos pactos ni las simulaciones. Reclaman respeto, dignidad y seguridad. Y como sociedad, no podemos ir en contra de eso. Tenemos que acompañarlos con responsabilidad, porque la sociedad potosina le debe mucho a su universidad.
Le debemos médicos que han salvado vidas, ingenieros que han transformado nuestra infraestructura, arquitectos, científicos y juristas que han marcado el rumbo del Estado. Nombres ilustres como Ponciano Arriaga, referente del derecho social en México, nacieron de esas aulas. La universidad ha sido siempre un motor de conocimiento y justicia social.
Por eso, defenderla es defendernos. Defender su autonomía, sus valores y su papel como conciencia crítica de San Luis Potosí.
El rector Alejandro Zermeño tiene hoy una tarea muy difícil. No puede evadir su responsabilidad. Los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho no sucedieron por casualidad. Cuando en un espacio académico se consumen bebidas alcohólicas o drogas , cuando se permite violentar a una estudiante en un ambiente de impunidad, es porque no hay autoridad ni respeto por la norma. Y el rector debe responder por ello y de igual forma cada uno de los directores en los campus o instalaciones universitarias.
No se trata en el caso de Zermeño, de pedir su salida inmediata, pero sí de exigirle que rinda cuentas y encabece un proceso de transformación interna que devuelva la confianza a los estudiantes. Porque la universidad debe cambiar, pero ese cambio debe construirse desde adentro, respetando la normatividad y, sobre todo, la autonomía.
La sociedad potosina debe sumarse al reclamo de las juventudes para no permitir la injerencia de nadie —mucho menos del gobernador del estado — en las decisiones de la máxima casa de estudios.
Celebramos, en cambio, el despertar de los jóvenes. Su valentía, su organización y su empatía con las causas justas. Aquellos a quienes muchos calificamos de “generación de cristal”, hoy demostraron ser jóvenes de acero, preocupados por su realidad social y llenos de solidaridad y energía, ojalá que esa llama no se apague tan pronto.
En sus manos está el porvenir de la universidad, y en ellas también la esperanza de un nuevo Estado. Nosotros, los que ya recorrimos esos pasillos, tenemos el deber moral de acompañarlos. Porque si hoy los jóvenes luchan por transformar su universidad, quizá mañana puedan transformar también el país que les hemos dejado —un país que, sin duda no esta listo para asegurarles mejores condiciones de vida, les hemos fallado.
Que resuene en lo profundo del corazón de cada universitario la frase:
“Siempre Autónoma, Por mi Patria Educaré”
