Por Isaac Ramos
El tema de la seguridad en México sigue siendo una asignatura pendiente. A lo largo y ancho del país hemos presenciado cientos de asesinatos de políticos, empresarios, jóvenes estudiantes y ciudadanos comunes. Las cifras son escandalosas. En la historia moderna del país jamás habíamos enfrentado una violencia de esta magnitud fuera de un contexto de movimiento armado civil.
Es importante reconocer que esta crisis no es culpa exclusiva de los dos últimos gobiernos; sería simplista y, en buena medida, falso hacer tal señalamiento. Sin embargo, sí debemos reclamarles algo: la inacción ante la tragedia que vivimos. Negar los hechos u ocultarlos solo empeora la situación.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada —dedicado más al espectáculo político y a gastar en toallas— comenzó a gestarse con mayor claridad el fenómeno que explotaría con Felipe Calderón Hinojosa. Fue entonces cuando la bomba estalló. La llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada precisamente en Michoacán, desató una espiral de violencia sin precedentes, mientras el Estado se desgastaba en una batalla que nunca supo cómo librar, porque fueron enviados al frente sin estrategia… como el Borolas.
Hoy pagamos las consecuencias de esa permisividad. El crimen organizado creció no solo en poder económico y armamentista, sino también en influencia política. Lo impensable hace dos décadas —que los delincuentes decidieran elecciones, impusieran candidatos o doblegaran gobiernos locales— es ya una realidad.
Cifras que interpelan
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el homicidio doloso en 2022 se ubicó en 32,223 casos, con una tasa de aproximadamente 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a los 28 por cada 100,000 registrados en 2021.
La reducción entre 2018 y 2022 fue de alrededor del 12.2 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Más recientemente, de septiembre de 2024 a mayo de 2025, se reportó una caída del 25.8 % en homicidios dolosos, lo que representaría unos 22 homicidios diarios menos.
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, bajo la estrategia del actual gobierno, se detuvieron más de 23,417 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 172.6 toneladas de droga y se incautaron 12,045 armas de fuego.
Estas cifras, sin embargo, ocurren en un contexto donde el sexenio actual sigue siendo considerado el más violento de la historia moderna de México, con más de 180,000 muertes violentas, según diversos análisis.
Una nueva estrategia, un cambio real
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció, tras algunos movimientos político-económicos de Donald Trump, un viraje claro en materia de seguridad respecto a la estrategia anterior.
El relevo en la Secretaría de Seguridad —de Rosa Icela Rodríguez a Omar García Harfuch— simboliza un nuevo enfoque: Harfuch posee una sólida trayectoria operativa y policial, mientras que la gestión anterior se centró más en lo institucional que en lo operativo. Dato curioso: Harfuch ha estado vinculado durante su trayectoria a círculos cercanos a Genaro García Luna, sí, aquel a quien hoy se le atribuyen todos los males.
Este cambio, aunque no se diga abiertamente, admite que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador —la famosa política de “abrazos, no balazos”— no dio los resultados esperados.
Conviene recordar que dicha política estaba, en teoría, enfocada en atender las causas sociales del crimen, en abrazar al ciudadano vulnerable, no al delincuente. Pero la realidad demostró que, sin autoridad firme, sin justicia efectiva y sin ruptura del control del crimen organizado, los abrazos no bastan.
Del control de los políticos a ser controlados
Debemos insistir con contundencia: el poder de los cárteles no nació con la 4T. Lleva al menos tres décadas en crecimiento.
La diferencia es que antes —como reconocen muchos actores políticos— los gobernantes controlaban a los delincuentes; hoy son los delincuentes quienes controlan a los gobernantes. Eso explica mucho de lo que estamos viviendo, se reconozca o no.
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es un símbolo doloroso de ese deterioro. Como tantos otros funcionarios, fue víctima de un sistema donde la ley se somete a las armas. Algunos caen por resistirse al crimen; otros, por haber colaborado con él. El resultado es el mismo: una violencia que no se detiene y una impunidad que se vuelve norma.
Urge un nuevo pacto social
La muerte de Carlos Manzo debe fungir como un punto de inflexión, un llamado urgente a redefinir el rumbo.
No necesitamos más mártires; necesitamos un Estado que funcione, leyes que se apliquen y una justicia que no tema al poder.
Es indispensable que la sociedad civil, los gobiernos estatales y municipales, y el gobierno federal trabajen con un propósito claro: recuperar el monopolio legítimo de la violencia, reconstruir la confianza ciudadana y frenar la lógica de terror que hoy impera.
Hoy, la presidenta Sheinbaum parece estar quedando sola, y no precisamente por parte del pueblo que la eligió. Ella ha sido, en términos electorales, quien obtuvo el respaldo más amplio en la historia reciente. Sin embargo, enfrenta un vacío político a su alrededor. No dudamos, en lo personal, que en ello estén involucrados Adán Augusto López, Ricardo Monreal y hasta el engaña bobos de Gerardo Fernández Noroña.
Y eso, más que una injusticia, es un riesgo para el país.
A nadie le conviene que a Claudia Sheinbaum le vaya mal.
A nadie le conviene que a México le vaya mal.
Y a nadie —absolutamente a nadie— le conviene que siga corriendo sangre en nuestras calles, como sucedió el pasado viernes por la noche, cuando asesinaron, en un probable intento de asalto, a un jovencito estudiante de estomatología de la UASLP de 23 años, que pudo haber sido hijo de cualquiera de nosotros.
Justicia para Carlos Manzo, para Jorge Eduardo Dávila y para todos aquellos que han sido asesinados en hechos violentos en nuestro país y en nuestro estado.
