Por Isaac Ramos
Lo que sucedió el domingo pasado en el Congreso del Estado fue sin duda, una de las aberraciones políticas más graves en la historia reciente de San Luis Potosí. Aprobaron una reforma que, aunque aparentemente fue planteada por el CEEPAC —el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana—, todo indica que su origen real podría estar en el Palacio de Gobierno.
Ya lo decía el expresidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, “En política no hay casualidades…”. y menos en un Estado en donde dichas “casualidades” benefician de manera directa a un grupo político como el encabezado por el autodenominado “padrino”.
En este caso, el interés es evidente: impedir a toda costa que se obstaculice el plan transexenal de Ricardo Gallardo Cardona, quien busca posicionar a su esposa, la hoy senadora Ruth Miriam González, como su sucesora en la gubernatura.
La paridad y la reforma anti-nepotismo: discurso vs. realidad
Previamente desde la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum impulsó una reforma constitucional para combatir el nepotismo electoral y prohibir la reelección consecutiva en cargos de elección popular, con la intención de fortalecer la democracia y evitar que familiares directos de autoridades en funciones hereden cargos de poder.
Esta propuesta legislativa buscaba originalmente que la prohibición del nepotismo fuera aplicable desde las elecciones federales y locales de 2027, lo cual habría impedido sucesiones familiares inmediatas en cargos públicos.
Sin embargo, durante su trámite parlamentario, la entrada en vigor de esta prohibición fue retrasada hasta los procesos electorales de 2030, después de que senadores y diputados modificaran los plazos originalmente planteados, decisión que ha generado críticas por permitir que familiares de funcionarios puedan competir sin restricción en 2027.
La reforma ya fue declarada constitucional y establece, en lo sustantivo, que quienes aspiren a un cargo de elección popular no puedan tener vínculos familiares con otros funcionarios públicos en los años anteriores a la elección, con el objetivo declarado de promover mayor imparcialidad en los procesos electorales.
Aunque muchos celebran este avance, la demora en su aplicación ha generado dudas sobre la voluntad política real detrás de la iniciativa, y muchos críticos sostienen que estas modificaciones benefician a políticos oficialistas con aspiraciones en 2027, lo que debilita el propósito original de la reforma.
¿Contra quién va dirigida la reforma planteada en San Luis Potosí y qué en la practica, atenta contra la propuesta Presidencial?
Todo apunta a que esta modificación legal tiene nombre y apellido: Gerardo Sánchez Zumaya, un perfil nuevo en la política estatal, originario de Tanquián de Escobedo, cuya fuerza de convocatoria ha crecido de manera sorprendente.
En pocos meses, Sánchez Zumaya ha logrado:
• Ganarse la simpatía de distintos grupos ciudadanos.
• Aglutinar perfiles de diversas corrientes políticas.
• Posicionarse como una opción real para la gubernatura.
• Generar interés por su carisma, organización y trayectoria empresarial.
Su crecimiento no solo se explica por sus virtudes personales, sino también por el hartazgo que mucha gente siente hacia el gobernador: un mandatario señalado por su despilfarro, su desatención a las necesidades básicas y su inclinación al espectáculo antes que al trabajo.
El miedo del poder
Ante el ascenso de Sánchez Zumaya, la maquinaria gallardista parece haber tomado una decisión: cerrarle el paso como sea.
Y la vía elegida sería una reforma electoral impulsada —presuntamente— desde el mismo Ejecutivo, pero disfrazada de propuesta “técnica del CEEPAC”.
La iniciativa llegó al Pleno del Congreso. Sin discusión, sin aspavientos, otra vez, como en comisiones, la aprobaron de forma acelerada. Se ha escrito otro episodio en San Luis Potosí, en donde vemos que el legislativo no representa al pueblo, ellos solo obedecen al patrón.
Lo que viene: la batalla jurídica
Ya comenzaron a aparecer perfiles ciudadanos preparando juicios para la protección de derechos políticos, argumentando —con razón— que no puede coartarse el derecho constitucional de un hombre a votar y ser votado.
Este proceso jurídico será largo y dará mucho de qué hablar.
Una regresión democrática
Lo más grave es que el llamado gallardato ha logrado controlar prácticamente todos los organismos del Estado, incluso los autónomos.
Estamos ante una regresión democrática profunda y peligrosa, una vuelta al autoritarismo local que tanto trabajo costó desmontar.
La ciudadanía debe mantenerse alerta, informada y dispuesta a defender lo que aún nos queda de dignidad política.
Abrazos casi navideños, amigas y amigos.
