Por Isaac Ramos López
Conforme se aproxima el proceso electoral de 2027, comienzan a delinearse nuevamente posibles alianzas políticas en el estado de San Luis Potosí. En dicho proceso se disputarán la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales, entre otros cargos. Como ha ocurrido en ciclos anteriores, se vislumbra el riesgo de que se repita un esquema de acuerdos políticos alejados de la voluntad ciudadana.
Diversos indicios apuntan a que Morena podría optar, una vez más, por una alianza con el Partido Verde Ecologista de México. De concretarse, ello implicaría entregar nuevamente la conducción política del estado a dicho instituto político. Es de conocimiento público quién se perfila —o, al menos, así se promueve— como eventual candidata del Partido Verde a la gubernatura: la senadora Ruth Miriam González, esposa del actual titular del Poder Ejecutivo estatal. Un escenario de esta naturaleza representaría una nueva fractura en la relación entre la ciudadanía potosina y quienes toman las decisiones políticas desde las cúpulas partidistas.
Históricamente, San Luis Potosí ha ocupado un papel marginal en las grandes decisiones de la política nacional. Las definiciones estratégicas rara vez emanan del consenso ciudadano local; por el contrario, suelen resolverse mediante negociaciones cupulares, ya sea en el ámbito estatal o directamente en las dirigencias nacionales de los partidos. En contadas ocasiones se ha considerado, de manera auténtica, la opinión de la ciudadanía potosina.
El proceso electoral de 2021 constituye un ejemplo ilustrativo. En aquel entonces, Morena postuló a una candidata cuya trayectoria se encontraba severamente cuestionada, particularmente por su desempeño como secretaria de Salud en el gobierno priista de Juan Manuel Carreras, periodo en el que fue señalada por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Dicha postulación evidenció un acuerdo político de alto nivel que facilitó la llegada de Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura del estado.
Aquel acuerdo se construyó soslayando a militantes, cuadros locales y simpatizantes del movimiento que aspiraban a una candidatura verdaderamente ajena a la estructura gallardista y que garantizara una transformación real en el ejercicio del poder en San Luis Potosí.
Hoy, rumbo a 2027, el contexto comienza a asemejarse peligrosamente al de aquel proceso. Existe el riesgo latente de que las dirigencias partidistas vuelvan a imponer una candidatura distante de los intereses y necesidades de la población potosina.
Debe reconocerse, además, la existencia de una estructura política vinculada al actual grupo en el poder, que mantiene capacidad de movilización y control territorial. Esto quedó nuevamente de manifiesto durante el evento de inauguración de la primera etapa de la Universidad Rosario Castellanos, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Desde las primeras horas de la madrugada, grupos de personas fueron concentrados en el lugar, varias horas antes del inicio formal del acto.
Más allá de la logística del evento, el hecho resulta políticamente relevante: la movilización no respondió a una participación espontánea o ciudadana, sino a una operación organizada para asegurar presencia, controlar el espacio y evitar expresiones de inconformidad hacia el titular del Ejecutivo estatal. Este tipo de prácticas confirman la vigencia y funcionalidad de la estructura política que sostiene al actual gobierno.
En contraste, la estructura de Morena en San Luis Potosí continúa sin consolidarse como una fuerza territorial y orgánica sólida. A pesar de los discursos triunfalistas en torno al crecimiento de su padrón y de la constante referencia a “funcionarios de primer nivel”, la realidad operativa muestra una debilidad que podría traducirse, una vez más, en la imposición de cuadros y candidaturas del Partido Verde por encima de los perfiles de Morena y, sobre todo, de las expectativas ciudadanas.
El escenario que se perfila resulta preocupante. La eventual definición de una alianza será tomada, como ya se ha advertido, en instancias nacionales, dejando nuevamente al margen la voz de la sociedad potosina.
No obstante, conviene recordar un elemento fundamental de la historia política del estado: cuando la ciudadanía de San Luis Potosí se ha sentido agraviada de manera reiterada, ha sabido responder de formas que desbordan los cálculos partidistas. El periodo navista es prueba de ello, cuando fue la propia sociedad quien definió el rumbo político del estado, al margen de los acuerdos cupulares, determinando quién debía ser su candidato a gobernador.
Ignorar esa experiencia histórica podría representar, para quienes hoy toman decisiones, un error político de grandes dimensiones. Por ello, resulta indispensable no perder de vista la operación ciudadana en la búsqueda de figuras que puedan convertirse, auténticamente, en fenómenos políticos y eventuales candidaturas, en medio de esta compleja mezcla de ideales, doctrinas y conveniencias.
