Por Isaac Ramos
La posibilidad de que Morena gobierne San Luis Potosí en 2027 es real. No es una especulación ni un deseo de algunos militantes: es un escenario político que hoy se discute seriamente entre ciudadanos, simpatizantes y actores del propio movimiento.
Durante casi seis años, el gobierno estatal ha estado bajo el control del Partido Verde Ecologista de México a través del grupo político conocido como La Gallardía. Sin embargo, conforme se acerca el próximo proceso electoral, el panorama comienza a mostrar grietas que antes parecían impensables.
Una de ellas tiene que ver con la intención —abiertamente comentada en el ámbito político— de heredar la gubernatura a un miembro de la familia del actual gobernador. Esa posibilidad, que hace algunos meses parecía transitar sin obstáculos, encontró recientemente un freno desde la dirigencia nacional de Morena.
La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, fue clara: Morena no permitirá el nepotismo. Ningún gobernante en turno podrá heredar el cargo a un familiar directo. Y la advertencia no solo aplica para Morena; también alcanza a cualquier partido que pretenda ir en alianza con el movimiento.
Si ese criterio se mantiene para el proceso de 2027, el escenario cambia por completo. Ni Ricardo Gallardo Juárez ni Ruth González podrían encabezar una candidatura si existiera una coalición entre el Partido Verde y Morena en San Luis Potosí.
Eso obligaría al gallardismo a buscar otra figura.
Perfiles, desde luego, existen. El grupo gobernante ha colocado a distintos actores en posiciones relevantes: diputaciones federales, senadurías, presidencias municipales como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y otros municipios del estado.
Pero la constante ha sido evidente: se trata de cuadros políticos alineados a una sola conducción, títeres. Las decisiones estratégicas, las posturas legislativas y, en muchos casos, incluso las acciones de gobierno responden solo a las órdenes del “Padrino”.
Bajo ese esquema, cualquier candidato que eventualmente presentara ese grupo cargaría con una sombra inevitable: la percepción de que el poder seguiría concentrado en el mismo liderazgo.
Y ahí aparece el margen de oportunidad para Morena.
Dentro del movimiento existen perfiles con presencia pública y capacidad política para competir. Rosa Icela Rodríguez es uno de ellos y, sin duda, podría convertirse en una candidatura fuerte si existiera la decisión REAL de impulsarla. Sin embargo, una postulación de ese calibre implicaría romper cualquier entendimiento político previo con el actual gobierno estatal.
Por esa razón, algunos consideran más probable un escenario de negociación donde aparezca el nombre de Rita Ozalia Rodríguez como parte de un acuerdo político con el Partido Verde, en caso de que exista nuevamente un pacto para que la
gallardía se quedara con San Luis Potosí, tal y como ocurrió en el 2021 con la candidatura de Mónica Liliana Rangel.
Pero Morena también tiene otros actores en movimiento.
Uno de ellos es Gerardo Sánchez Zumaya, quien ha venido construyendo presencia política y que, de manera abierta, busca la candidatura, el pasado sábado en un evento convocado por su equipo, vimos que va enserio. Negar su posicionamiento sería desconocer una realidad política que ya se discute en distintos espacios del estado.
Para muchos observadores, incluso, su perfil podría representar una candidatura particularmente competitiva frente al aparato político que hoy gobierna San Luis Potosí, tiene con que competir y mejor aún, con que ganar.
Por eso la decisión que tome Morena será determinante en el mes de junio, fechas en que según su consejo nacional, deberá estar nombrado su abanderado o abanderada.
Los simpatizantes del movimiento están atentos. Saben que existe una oportunidad histórica: que San Luis Potosí tenga finalmente un gobernador o gobernadora emanado de Morena.
Pero también saben algo más.
La militancia potosina no aceptará fácilmente una imposición.
San Luis Potosí tiene memoria política. Su historia está marcada por luchas cívicas profundas, por momentos en los que la ciudadanía se levantó para defender su dignidad democrática.
El doctor Salvador Nava Martínez lo decía con claridad al iniciar sus discursos durante aquellas jornadas históricas:
“El pueblo potosino tiene voluntad y es soberana”.
Y esa frase sigue teniendo vigencia.
Porque si algo ha demostrado la historia política de este estado es que, cuando la ciudadanía decide participar y organizarse, ningún cálculo de poder es suficiente para contenerla.
Al final, en política, las estructuras cuentan… pero la voluntad del pueblo siempre pesa más.
