La controversia en torno a los hechos violentos que involucran al presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, dio un giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informara a través de sus redes sociales oficiales una versión distinta sobre la ubicación del plagio.
De acuerdo con el comunicado emitido por la fiscalía zacatecana, tras tomar conocimiento del despojo con violencia de diversos vehículos en la zona limítrofe entre San Luis Potosí y Zacatecas, se activó un protocolo de colaboración interinstitucional que permitió acudir por las víctimas de origen zacatecano a territorio potosino y trasladarlas de manera segura hasta sus domicilios.
Sin embargo, el punto más álgido del informe de la FGJEZ radica en el señalamiento directo sobre la privación de la libertad del edil tamaulipeco. Según los datos obtenidos por dicha instancia hasta el momento, los hechos relacionados con el secuestro habrían ocurrido específicamente en la comunidad de Cedral, dentro del estado de San Luis Potosí, matizando la narrativa previa de las autoridades de seguridad.
Ante esta situación, la fiscalía de Zacatecas indicó que mantiene una estrecha comunicación y coordinación operativa con las fiscalías de San Luis Potosí y de Tamaulipas. Como parte de estas diligencias, se llevan a cabo acciones de investigación en la franja limítrofe y, previa autorización, se realizan incursiones en territorio potosino con el objetivo primordial de localizar al alcalde y capturar a los responsables.
Las tareas de búsqueda y despliegue territorial cuentan con la participación conjunta de fuerzas federales, destacando la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de un amplio despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas en la región.
