Por Isaac Ramos López
Es imposible no hablar, en estos momentos, de lo que viene: la elección de 2027. No es la primera vez que lo abordamos en este espacio, pero es necesario insistir. Está en juego algo fundamental para todas y todos los que habitamos este hermoso estado: la democracia en San Luis Potosí.
Y hay que decirlo sin rodeos: la democracia potosina está en riesgo.
No se trata de una frase hecha. La vida democrática de nuestro estado ha costado demasiado. Ha implicado años de lucha, de organización, de resistencia. Ha costado sueños, esperanzas y, en algunos casos, incluso vidas. Por eso hoy más que nunca es indispensable recordarlo y asumir una postura firme: estamos obligados a defenderla, por quienes nos antecedieron y por quienes vendrán.
Sin embargo, hoy enfrentamos una amenaza clara. Existe un personaje que concibe el gobierno del estado como si fuera una herencia familiar. Pretende entregar el poder a su esposa, ignorando por completo el proceso histórico que ha construido la institucionalidad democrática en San Luis Potosí, además de confrontar en los hechos a la Presidenta de la República que, de manera muy clara, ha señalado que no le parece correcto el nepotismo.
Esa visión que tiene el nuevo coordinador de la procesión del silencio y representante artístico que hace las veces de gobernador, no solo es preocupante: es peligrosa.
Tal vez se explique por una profunda falta de entendimiento de lo que significa la democracia. No se trata únicamente de la carencia de formación política que tiene, sino además una ausencia de cultura cívica básica, no conoce la o ni por lo redondo. Cuando el poder se ejerce desde la frivolidad e ignorancia, el espectáculo o la ocurrencia, se pierde de vista la responsabilidad que implica gobernar. Y el problema es mayor cuando esa falta de visión pone en riesgo el futuro de todo un estado.
Ahora bien, también es necesario reconocer una realidad que no podemos ignorar y que ha servido de trampolín al proyecto gallardista: en San Luis Potosí existe mucha necesidad. Sobre todo en zonas rurales, donde las carencias son evidentes. Para miles de personas, recibir una despensa, apoyo alimentario, agua, transporte o insumos básicos no es un lujo, es una necesidad.
Y eso no es vergonzoso.
La necesidad no es un delito ni una falla moral. Lo verdaderamente indignante es que esa necesidad sea utilizada como herramienta de control político. Que los apoyos sociales se condicionen, que se utilicen como moneda de cambio para obtener respaldo electoral, amenazar a los ciudadanos de forma directa con la posibilidad de perder su beneficio si no acuden a los llamados verdes, si no le dan like a las publicaciones de la Señora o si no se afilian. Eso sí es inadmisible.
Ahí está el verdadero agravio: en aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente para sostener proyectos políticos.
Ese tipo de prácticas no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Y, sin embargo, persisten. No solo eso: en muchos casos, dominan los espacios públicos y distorsionan la competencia política.
Por eso es importante señalarlo, una y otra vez. Porque se acerca una oportunidad clave para frenar esa forma de hacer política y evitar que se consolide un cacicazgo.
El 2027 puede ser un punto de quiebre.
Incluso ahora, todo indica que podríamos estar frente a una elección de tres fuerzas relevantes. Por un lado, el bloque verduzco; por otro, la opción que surja desde Morena; y además, la posibilidad de una candidatura desde la oposición tradicional PRI-PAN.
En este contexto, ha comenzado a tomar fuerza el nombre de Enrique Galindo Ceballos como posible candidato a la gubernatura, ya sea por el PRI, el PAN o en una eventual alianza. Su probable participación modifica el escenario y abre un nuevo tablero político.
No es un personaje menor, y su inclusión plantea preguntas importantes.
En lo personal, no coincidimos con muchas de sus posturas ni con su trayectoria. Existen señalamientos graves en su historial, particularmente en torno a hechos como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca en junio del 2016 cuando policías federales ( en donde Enrique Galindo Ceballos ostentaba un cargo de mando), estatales y municipales se le fueron encima a la población civil de forma por demás violenta, hechos que forman parte del debate público y de la memoria colectiva. No se trata de descalificaciones gratuitas, sino de antecedentes que deben ser considerados por la ciudadanía.
Aun así, su posible candidatura refuerza la idea de una contienda más competida.
También está sobre la mesa la figura de Gerardo Sánchez Zumaya, quien para muchos representa una alternativa frente al proyecto actual. Su crecimiento político y su posicionamiento en distintos sectores lo colocan como un actor relevante en la disputa.
Faltan definiciones. Morena aún no ha designado a su candidato o candidata, las figuras claves y realmente relevantes en este momento son el Huasteco Zumaya o la Huasteca Rosa Icela. Tampoco es claro si el PRI y el PAN irán juntos o separados con Galindo. Y, por supuesto, está la incógnita de si el actual grupo en el poder insistirá en imponer una candidatura familiar.
Pero incluso en el escenario más adverso, la fragmentación del voto podría ampliar aún más la posibilidad real de alternancia.
Y eso, para muchos ciudadanos, representa una esperanza.
Porque el balance del gobierno actual es, en términos generales, profundamente cuestionable. La gestión de los recursos públicos ha sido señalada por su opacidad, y los resultados en áreas clave son, cuando menos, insuficientes.
El caso de la salud es emblemático. Se prometieron cinco hospitales que nunca se construyeron. Pero más grave aún: el sistema de salud pública ha mostrado un deterioro preocupante, con carencias que alcanzan incluso lo más básico.
Las justificaciones no faltan. Se ha intentado trasladar la responsabilidad al ámbito federal. Pero la realidad es que, durante el tiempo en que el gobierno estatal tuvo control directo, los resultados fueron deficientes.
Y eso no puede ignorarse.
Hoy estamos ante un momento decisivo. La elección de 2027 no será una más. Definirá el rumbo del estado en los próximos años, pero también pondrá a prueba la madurez democrática de la sociedad potosina.
La decisión, como siempre, está en manos de la ciudadanía.
El voto será la herramienta que determine si San Luis Potosí avanza hacia una democracia más sólida o si retrocede hacia prácticas que creíamos superadas como los cacicazgos de antaño.
La historia no está escrita.
Pero está a punto de decidirse.
