En una sesión adelantada, realizada a puerta cerrada y sin acceso para la prensa ni para la ciudadanía, el Congreso del Estado de San Luis Potosí derogó este jueves la polémica Ley Serrano, una reforma que durante meses fue señalada por representar un intento de censurar a periodistas, críticos y ciudadanos mediante la regulación del uso de la inteligencia artificial y que incluso derivó en el encarcelamiento de tres personas.
Aunque la sesión extraordinaria estaba convocada para las 10:00 de la mañana, las y los diputados la adelantaron a las 8:00 horas y, en poco más de diez minutos, aprobaron su eliminación con 22 votos a favor. El procedimiento volvió a exhibir la falta de transparencia del Poder Legislativo al impedir el acceso de representantes de los medios de comunicación y del público.
Con la votación fueron derogados los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, que establecían sanciones por el uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social o difundir información falsa. Durante el tiempo que la norma estuvo vigente, tres personas fueron enviadas a prisión con fundamento en estas disposiciones, lo que intensificó las críticas contra la legislación.
Uno de los momentos más llamativos de la sesión fue el voto del diputado Héctor Serrano Cortés, autor e impulsor de la iniciativa aprobada en noviembre de 2025. El legislador respaldó la derogación de la misma ley que promovió y defendió meses atrás y, tras emitir su voto, abandonó rápidamente el recinto sin ofrecer declaraciones ni responder a los cuestionamientos de la prensa.
Desde su aprobación, la llamada Ley Serrano fue objeto de fuertes críticas por parte de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que promovieron acciones de inconstitucionalidad al considerar que la norma representaba un riesgo para la libertad de expresión y podía utilizarse para criminalizar la crítica.
Tras la derogación, el Congreso del Estado informó que en septiembre de 2026 realizará mesas de trabajo para construir un nuevo marco jurídico sobre inteligencia artificial que garantice el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
