Por Eduardo Nava
Tengo más de 10 años postulando en materia administrativa y algo aprendí desde el primer expediente: quien acusa tiene que probar, y quien es señalado tiene derecho a defenderse. Es la base más elemental del debido proceso. Por eso la propuesta que Acción Nacional presentó esta semana para regular las conferencias mañaneras no me parece una ocurrencia electoral, sino la aplicación de un principio jurídico que Morena exige a todos menos a sí mismo.
El contexto no es casual. Mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por perfiles cercanos a la Presidencia, discute lineamientos que obligarían a los medios a acreditar la veracidad de sus notas y a corregir contenidos bajo amenaza de sanción, la mañanera sigue operando sin ningún filtro equivalente. Ahí se exhiben nombres, se muestran documentos sin origen verificable y se lanzan acusaciones que después nadie tiene que sostener ante ninguna autoridad. El caso de Ernesto Ruffo Appel, señalado desde ese atril como responsable de un delito sin que exista siquiera una sentencia, no es un exceso aislado, es la lógica normal de un espacio que juzga sin las garantías que el propio Estado le exige a cualquier tribunal.
Lo que propone el PAN es sencillo de explicar, aunque no será sencillo de legislar: este propone que las afirmaciones hechas desde la mañanera -un acto oficial pagado con presupuesto público- tengan que sostenerse con pruebas, se corrijan cuando sean falsas y permitan una réplica con el mismo alcance que tuvo la acusación original. Nada de esto toca la opinión política de la presidenta, que puede seguir defendiendo su gobierno y criticando a la oposición con la libertad que le da el cargo. Lo que deja de tener cabida es usar el micrófono más poderoso del país para señalar a alguien y después no responder por lo que se dijo.
Aquí conviene ser honesto sobre el riesgo. Si el PAN construye esta iniciativa solo como revancha política, terminará pareciendo lo mismo que critica: un intento de callar al adversario en turno. Para que la propuesta tenga fuerza moral y jurídica, el procedimiento de verificación y réplica debe quedar en manos de una autoridad ajena al Ejecutivo, con plazos claros y limitado estrictamente a hechos verificables, nunca a opiniones. Un PAN que exige transparencia y después diseña un mecanismo opaco no habrá ganado nada, solo habrá cambiado de dueño el mismo abuso.
Hay algo que vale la pena subrayar: el problema nunca es que el gobierno hable, el problema es cuando habla sin que nadie pueda corregirlo ni contradecirlo con las mismas condiciones. Luisa María Alcalde -Consejera Jurídica de Presidencia y Ex Dirigente Nacional de Morena- tiene su propio espacio semanal para responder a la prensa crítica, un privilegio que el gobierno se concede a sí mismo mientras se lo niega a cualquier ciudadano, empresario u opositor señalado desde Palacio Nacional. Esa asimetría, más que cualquier discurso, retrata el tipo de poder que Morena ha construido: uno que se examina a sí mismo y siempre sale absuelto.
No hace falta ser panista para reconocer que un gobierno que exige a los medios acreditar sus fuentes debería empezar por acreditar las suyas. La coherencia no es un lujo ideológico, es la condición mínima para que cualquier regla de comunicación sea legítima. Si Morena cree en la verificación y en la rendición de cuentas, como dice creer cada vez que habla de los derechos de las audiencias, no tiene ninguna razón válida para oponerse a que esas mismas reglas alcancen su propio atril.
Al final, esto no se trata de silenciar a nadie, ni siquiera a quien gobierna. Se trata de algo mucho más simple y por eso mismo más difícil de aceptar para quien concentra el poder: que las reglas que se imponen a otros también se apliquen a uno mismo. Ese es el estándar que cualquier democracia debería exigir, y es también, me parece, la mejor prueba de que una reforma no busca controlar el debate público sino apenas equilibrarlo.
Ojalá esta iniciativa llegue al Congreso con esa vocación intacta. Si el PAN logra sostenerla sin caer en la tentación de usarla como arma política, habrá hecho algo más valioso que ganarle un round a Morena: habrá puesto sobre la mesa la pregunta de qué tipo de comunicación pública merece una democracia que todavía está aprendiendo nuevamente a exigirle cuentas al poder.
