Por Eduardo Nava
Cuando el Departamento de Estado le canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la respuesta de Morena fue inmediata y calculada: injerencia, persecución política, «estilo hitleriano», escribió el propio hijo del expresidente en una carta dirigida a Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldarlo calificando la medida como un acto de intervención contra la soberanía nacional. Pero seamos precisos, porque el lenguaje aquí no es inocente: Estados Unidos no está atentando contra la soberanía de México, está persiguiendo a un individuo que, por más apellido que cargue, no representa ni de lejos a la mayoría de los mexicanos. Confundir a una persona con la nación es el viejo truco de todo movimiento que necesita blindarse detrás de una bandera que no le pertenece en exclusiva.
Y ese truco funciona solo cuando conviene. Cuando en 2023 un tribunal de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno panista de Felipe Calderón, Morena no habló de injerencia ni de soberanía violada: lo exhibió como prueba irrefutable de la podredumbre del pasado, como el símbolo perfecto de todo lo que había que desmantelar. Aquel caso también se construyó con evidencia presentada ante una corte estadounidense, con testigos y documentos, exactamente el mismo tipo de proceso que ahora, cuando toca a los suyos, se descalifica de entrada como venganza política. La diferencia no está en el método de Washington; está en el color de la credencial de quien resulta señalado.
Porque no es la primera vez que Washington mueve esta ficha, y en los casos propios el discurso oficialista cambió por completo. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, perdieron sus visas en medio de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y con el huachicol fiscal. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, enfrenta cargos formales del Departamento de Justicia por presunta protección al Cártel de Sinaloa. El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y uno de los hombres más
cercanos al expresidente, también vio revocada su visa por presuntos lazos con el crimen organizado y ha evitado dar la cara ante la prensa desde entonces. En ninguno de esos casos Morena habló de injerencia con el mismo vigor que ahora. Hubo silencio, minimización, o cuando mucho un llamado tibio a que «aclararan su situación». La solidaridad partidista, al parecer, se activa según de quién se trate y se apaga cuando el expediente huele a evidencia real.
Aquí es donde mi formación en derecho me obliga a poner las cosas en su lugar: una visa es un acto discrecional de un Estado soberano, sujeto a su propia normativa migratoria y de seguridad nacional, no un derecho adquirido ni una garantía diplomática, y mucho menos un asunto que comprometa la soberanía de otro país. Estados Unidos no necesita
el consentimiento de México para decidir a quién deja entrar a su territorio, y cuando lo hace citando investigaciones abiertas, expedientes y señalamientos concretos, no está agrediendo a una nación: está aplicando su ley a una persona. Lo jurídicamente relevante no es si la medida contra Andy fue justa —eso es materia de otro debate—, sino la incongruencia de calificarla de atropello nacional cuando a gobernadores, senadores y funcionarios propios les ocurrió exactamente lo mismo y el guion fue el silencio o la negación.
Debo reconocer, sin embargo, que esta crítica tiene un límite que conviene no cruzar. Celebrar sin matices cada decisión del gobierno estadounidense, sea contra quien sea, tampoco es una postura sana ni jurídicamente sólida. El debido proceso y la presunción de inocencia no son valores que la oposición deba invocar solo cuando conviene: le corresponden también a Andy López Beltrán, aunque no comparta ni por asomo su trinchera política. Señalar la hipocresía ajena no nos exime de exigirnos la misma coherencia.
Desde San Luis Potosí, donde la conversación pública suele reducirse a los ecos de la Ciudad de México, vale la pena insistir en algo que no depende de la coyuntura: la credibilidad de un proyecto político no se mide por cómo defiende a los suyos cuando les va bien, sino por cómo responde cuando el mismo rasero que exige para el adversario se le aplica a él. Ahí es donde Morena y sus aliados, una vez más, se quedan cortos.
Al final, el expediente de Andy López Beltrán terminará donde terminan estas historias: entre la política y la diplomacia, lejos de cualquier tribunal mexicano. Pero la lección que deja no se archiva tan fácil. Un partido que exige congruencia al poder solo cuando el poder lo golpea a él, no está defendiendo principios; está defendiendo cotos. Y esa diferencia, tarde o temprano, la nota el ciudadano que ya no cree en discursos, sino en hechos.
