Por Isaac Ramos López
Lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe servir como advertencia sobre los riesgos de permitir que un gobernador actúe sin contrapesos ni límites.
OJALÁ PONGA FIN A LO QUE SUCEDE EN SAN LUIS POTOSÍ, antes de que acá ocurra lo mismo.
Censurar medios, perseguir a periodistas y opositores, realizar obra pública sin transparencia, usar recursos públicos para promoción personal y permitir campañas adelantadas e ilegales son prácticas que no pueden seguir tolerándose.
Más preocupante aún es que quienes deberían vigilar al Ejecutivo estatal ( los Diputados Locales) permanezcan sometidos, dejando a la ciudadanía sin contrapesos efectivos.
Aunque la Presidenta no puede intervenir directamente en los gobiernos estatales, sí tiene la responsabilidad constitucional y política de proteger la democracia, el Estado de derecho y el interés público.
Por eso, debe mirar hacia San Luis Potosí, escuchar las denuncias y actuar conforme a la ley cuando existan elementos para hacerlo.
Ningún gobernador es dueño del estado que gobierna. El poder público pertenece a la ciudadanía y debe ejercerse con responsabilidad.
OJALÁ LA PRESIDENTA VOLTEE A VER A SAN LUIS POTOSÍ ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Ya le llevan la contra con el nepotismo; a ver qué más les sigue permitiendo…
¡Buen domingo, mis amigos!
