Por Eduardo Nava
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral eliminó esta semana el cruce de bases de datos que servía para verificar que quienes piden ser observadores electorales no fueran Servidores de la Nación. La propuesta la firmó la consejera Frida Gómez Puga, parte de la cuota que el propio Morena colocó en el árbitro electoral, y la consejera presidenta Guadalupe Taddei salió a defenderla con un argumento de números: pocos casos detectados, dijo, no ameritan mantener el control. Rumbo a 2027, el INE instalará 176 mil 741 casillas en todo el país, 6 mil 560 más que en 2024. Justo cuando la elección crece en tamaño y en riesgo, la autoridad decidió bajaruno de sus filtros y abrirle otra puerta al oficialismo.
Vale la pena recordar de dónde viene ese filtro. En 2022, al resolver el caso de la gubernatura de Tamaulipas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE construir lineamientos para evitar que servidores públicos vinculados a programas sociales, los Servidores de la Nación entre ellos, intervinieran en los procesos electorales. La razón que dio el Tribunal fue simple: esos operadores tienen contacto directo con la ciudadanía que recibe apoyos, y ese
contacto puede convertirse en presión el día de la jornada. Esa sentencia sigue vigente. Lo que cambió fue quién se sienta hoy en el Consejo General del INE.
Aquí el análisis deja de ser solo político y se vuelve, para mí, estrictamente jurídico. Un acuerdo administrativo no puede vaciar el contenido de una sentencia sin violar el principio de definitividad y el efecto vinculante de las resoluciones del Tribunal Electoral, que en materia electoral tienen carácter de cosa juzgada. El INE no derogó los lineamientos de 2022, entiéndase bien: simplemente diseñó un mecanismo de verificación tan débil que la obligación queda vacía de contenido práctico. Esa es, en mi experiencia como litigante en materia administrativa, la forma más peligrosa de erosión institucional. No la violación abierta de la norma, sino su vaciamiento silencioso desde dentro, acuerdo por acuerdo, hasta que la obligación sigue en el papel, pero ya no protege nada en la realidad.
Y no hablamos de un ajuste aislado. Los Servidores de la Nación son, lo reconocen hasta voces dentro del propio Consejo, la estructura de movilización territorial más extendida que tiene Morena en el país. Retirar el filtro en la puerta de entrada de la observación electoral golpea dos principios que el derecho electoral mexicano considera básicos: la equidad en la contienda, que exige que todos compitan bajo las mismas reglas, y la imparcialidad de quien administra recursos públicos. La consecuencia es tan simple como incómoda: quien hoy reparte un programa social podrá, en 2027, sentarse frente a la urna con la investidura de neutralidad que se supone tiene un observador.
Sería deshonesto no reconocer el otro lado. El impedimento legal para que estos servidores participen sigue existiendo en el papel, y las cifras que la propia Taddei citó, 24 casos detectados en 2024 y poco más de 200 en la elección judicial de 2025, frente a más de 300 mil observadores registrados, son en términos estadísticos marginales. La oposición corre el riesgo de sobredimensionar el hallazgo si no explica por qué importa más allá del número: basta que uno solo de esos casos se ubique en una casilla de una elección cerrada para que el resultado se incline. La pregunta no es cuántas veces falla el control, es si el control existe cuando se necesita. San Luis Potosí no ve esto desde la barrera. En 2027 se renuevan gubernatura, alcaldías y diputaciones locales en un estado donde los programas federales de bienestar tienen presencia fuerte en el interior del estado y las periferias de la capital. Sin el cruce automático de bases de datos, vigilar quién se acredita como observador quedará, en los hechos, en manos de los partidos y de la ciudadanía organizada, no de la autoridad que se paga con recursos públicos precisamente para eso. El árbitro electoral existe para que la sociedad no tenga que litigar, elección tras elección, lo que la ley ya debería garantizarle sin pedirlo.
No se trata de presumir mala fe en cada observador acreditado ni de estigmatizar a quien trabaja honestamente en los programas sociales del gobierno federal. Se trata de exigir que las instituciones diseñadas para vigilar el poder no bajen la guardia justo cuando ese poder concentra más facultades que en cualquier otro momento reciente de nuestra vida democrática. El desgaste institucional casi nunca llega de golpe. Llega acuerdo por acuerdo, cada vez que una autoridad
decide que basta con confiar donde antes se exigía verificar. A la ciudadanía y a la oposición nos toca insistir, con argumentos y no con consignas, en que la confianza electoral siempre necesita apellido: el de ser verificable.
